México D.F., 4 de marzo de 2010 (Dario Ramírez / El Universal).- En el mismo día del cuarto cumpleaños de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas (FEADP), se anunció la designación de su nuevo titular Gustavo R. Salas Chávez, que sustituye a Octavio Orellana Wiarco. El cambio se puede entender como positivo. El fiscal anterior dejó claro que era incapaz de investigar y de trabajar a favor de los y las periodistas de este país. Su afán por desacreditar cifras de organizaciones internacionales lo distrajo de su principal responsabilidad: investigar las agresiones de periodistas que son competencia del fuero federal.

El nuevo titular, el licenciado Salas, tiene la tarea titánica de recomponer la legitimidad y confianza entre los hombres y mujeres que se dedican a comunicar. Corresponde al nuevo fiscal dar el primer paso en aras de evidenciar la voluntad política de tener resultados que desalienten futuras agresiones a periodistas. Por cuatro años, la falta de voluntad política para conducir investigaciones diligentes ha sido la regla. Sus escasos resultados se tradujeron en nula confianza de la sociedad hacia la fiscalía. Su eterna excusa para justificar su inacción por sus limitaciones jurídicas estaba teñida de una animadversión a procurar justicia.

La llegada de un nuevo fiscal especial abre la oportunidad para una verdadera transformación institucional. Abre la posibilidad de romper el círculo vicioso de la impunidad y la autocensura como medida de protección. Abre la posibilidad de entablar un diálogo respetuoso y constructivo con la comunidad de periodistas y organizaciones especializadas en el tema. Abre la posibilidad de mandar mensajes para mejorar la coordinación con las procuradurías de justicia locales. Abre la posibilidad de resolver decenas de casos que descansan en el limbo jurídico. Abre la posibilidad para que México salga del aberrante primer lugar en América Latina como el país más peligroso para ejercer la libertad de prensa.

A pesar de buscar ser optimista y esperar a los resultados para evaluar la actuación del nuevo fiscal, no debemos ignorar que la procuración y administración de justicia en este país es sumamente deficiente aun cuando contamos con fiscalías especializadas. Por ello, debemos continuar observando de cerca a los responsables de estas importantes tareas, tanto en los casos de agresiones a periodistas como los demás casos que afectan de manera grave a la sociedad.

Es prudente subrayar que es el Estado mexicano quien tiene la obligación internacional de proteger a los y las periodistas. La comunidad internacional desde la ONU hasta la OEA, ha sido enfática en este punto. Es también prudente anotar que esta obligación no solamente yace en el orden federal. Recordemos que 65% de las agresiones a la libertad de expresión provienen de autoridades y que de éstas 85% son responsabilidad de los estados de la República.

Es decir, son los estados de Durango, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, por mencionar algunos, a quienes debemos exigirles un alto total a la impunidad en la que se encuentran los casos de periodistas asesinados, amenazados, torturados, hostigados o desaparecidos. Resulta inaceptable para un Estado que busca consolidar su democracia que el régimen federalista sea una excusa para perpetuar la impunidad y negar derechos fundamentales a la sociedad. Por ello, resulta impostergable que el Congreso de la Unión avance en la federalización de los delitos de la libertad de expresión, al mismo tiempo que fortalece la FEADP.

Los resultados de la FEADP deberán ser inmediatos. Así lo exige la realidad. La ausencia de resultados e ineficacia ha producido una larga lista de pendientes y casos que aguardan justicia, en estos casos el derecho de las víctimas y sus familias a obtener justicia ahora cae en la responsabilidad del nuevo fiscal. Seguiremos atentos, y coadyuvaremos en lo que nos corresponda para facilitar el trabajo de la FEADP.

Director de Artículo 19 en México

Publicada en El Universal el 4 de marzo de 2010

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