México D.F., 25 de junio de 2012 (Radio Fórmula / Ricardo Rocha).- Alberto Herrera Aragón, director general de Amnistía Internacional sección México, consideró como sumamente retadora para la administración pública federal, la promulgación hecha por el presidente Felipe Calderón de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Federalización de los Delitos Cometidos contra Periodistas, ya que aunque se trata de un paso importante para contar con un mecanismo de protección a periodistas y defensores, el reto máximo está en cumplir con su correcta aplicación. Entrevistado en el espacio de Ricardo Rocha, Herrera Aragón, explicó que se vuelve retadora, debido a que dicha ley establece con toda claridad plazos en los cuales tienen que otorgarse medidas de protección cuando haya situaciones de urgencia en las que pueda estar de por medio la vida de un defensor de derechos humanos, así como también, indica sanciones en contra de las autoridades que incumplan con estos plazos.

Entrevistado en el espacio de Ricardo Rocha, Herrera Aragón, explicó que se vuelve retadora, debido a que dicha ley establece con toda claridad plazos en los cuales tienen que otorgarse medidas de protección cuando haya situaciones de urgencia en las que pueda estar de por medio la vida de un defensor de derechos humanos, así como también, indica sanciones en contra de las autoridades que incumplan con estos plazos.

De acuerdo con el director general de Amnistía Internacional México, otras de las cosas que establece es la creación de un fondo para el cual la Cámara de Diputados deberá otorgar recursos a fin de poder implementar medidas.

Además, de otra serie de acciones y medidas que la administración pública federal deberá implementar, “que sabemos que no es común que sea diligente, ágil en la adopción de este tipo de medidas y que ahora será obligado por esta ley, a ser mucho más expedita y más ágil en el otorgamiento de medidas de protección”, dijo.

Por otra parte, comentó que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, también contempla la realización de tres instancias concretas para dar seguimiento y consisten en una junta de gobierno, una coordinación ejecutiva y un órgano consultivo.

Éste último, deberá albergar la participación de organizaciones de la sociedad civil, de las cuales hasta el momento ya son varias las que han manifestado su interés de participar de manera directa en éste órgano.

Agregó que en el caso de Amnistía Internacional no lo han hecho, debido a que consideran que es mejor que las propias organizaciones locales de Derechos Humanos participen ahí de manera directa, “que son los que se ven afectados y agraviados por este fenómeno de violencia en su contra”.

Asimismo, dejó en claro que Amnistía Internacional continuará de la mano con las ONG´s dando seguimiento a la implementación del mecanismo, y en caso de que haya alguna traba u obstáculo importante será denunciado.

Finalmente, enfatizó en que “la vida de periodistas y defensores de Derechos Humanos depende literalmente de la diligencia que tenga la administración pública federal en la implementación de esta nueva ley”.

Publicada en  Radio Fórmula el 24 de junio de 2012 

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