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El narcotráfico en México también amenaza a periodistas extranjeros

México D.F., 9 de septiembre de 2010 (CNNMéxico).- Los periodistas mexicanos sufren el acoso del crimen organizado, que los censura, asesina o desaparece, pero los corresponsales también son objeto de amenazas constantes que afectan su trabajo, según revela el informe Silencio o muerte en la prensa mexicana, realizado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).


En entrevista con CNNMéxico, Carlos Lauría, coordinador de CPJ para América, explica que las amenazas a corresponsales no son en el mismo nivel de agresión ni tan frecuentes como las que padecen los reporteros mexicanos, pero es muestra de que “no son inmunes, como ya nadie lo es frente a la violencia en México”, y de que “las condiciones para el ejercicio periodístico se han agravado, como en los países que están en guerra”.

El organismo -que monitorea ataques contra la prensa alrededor del mundo- aún no tiene cifras sobre este fenómeno y “por seguridad”, omiten los detalles de estos casos, pero saben que todo corresponsal que viaja a los estados que son un foco rojo, “corre graves riesgos aún tomando medidas de seguridad, y siempre se enfrentan a los poderos paralelos de la localidad”.

En algunos casos, incluso les recomiendan que no visiten esas entidades.

El 13 de julio de 2007, la Asociación de Corresponsales Extranjeros en México emitió una alerta a los reporteros que viajan a Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el norte de México, pues habían recibido información de que “cualquier periodista extranjero en el área podía convertirse en blanco de asesinato”, según detalla el documento de CPJ que será presentado oficialmente este miércoles.

Pero no es el único estado que ahora es marcado por el peligro que corren los periodistas. Lauría señala que no es posible decir en qué estados se corren más riesgos, lo cierto es que “el fenómeno se ha extendido en el norte en el sur, en la costa, desde Chihuahua hasta Quintana Roo, pasando por Michoacán y Guerrero; ya es un fenómeno nacional”.

La guerra por la información

Según el informe del Comité, desde que el presidente Felipe Calderón asumió el poder y anunció su “guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006, 22 periodistas fueron asesinados, “al menos ocho de ellos en represalia directa por la cobertura de actividades delictivas y hechos de corrupción”.

Además, tres trabajadores de medios de comunicación también fueron asesinados, y al menos otros siete periodistas desaparecieron.

“La guerra sucede en las calles, pero también hay una guerra por el control de la información”, explica Carlos Lauría, y se refiere al caso de los cuatro periodistas secuestrados recientemente, que fueron utilizados para presionar a ciertos medios para que publicaran algunos videos.

“Nunca antes se había visto algo así y nos parece gravísimo. Los narcotraficantes ya están conscientes del poder que tiene la información y ahora quieren utilizarla a toda costa”, agregó.

El reporte se concentra en el caso de Reynosa, donde, según los testimonios que recabaron, el cártel del Golfo controla la mayor parte del gobierno municipal, desde la policía hasta la entrega de permisos para vendedores ambulantes, pero los diarios nunca hablan de eso porque el cártel también los controla.

Los reporteros saben, por ejemplo, que deben ignorar noticias sobre secuestros y extorsiones. De lo contrario, “te secuestrarán, te torturarán por horas, te matarán y te descuartizarán”, dijo un editor al Comité.

“Los narcotraficantes utilizan los medios de comunicación que controlan para desacreditar a sus rivales, exponer a los funcionarios corruptos que trabajan para los cárteles de la competencia, defenderse de las acusaciones del gobierno e influir en la opinión pública. Utilizan a los medios en forma similar a como lo hacen los partidos políticos tradicionales, salvo que ellos están dispuestos a matar para lograr sus metas”, concluyen.

Responsabilidad federal

El CPJ critica con dureza la falta de atención de las autoridades a este fenómeno y la constante corrupción, que permite un alto índice de impunidad en estos casos.

“Cuatro años después de lanzar una ofensiva nacional contra la delincuencia organizada, el gobierno federal no ha asumido su responsabilidad por los numerosos ataques contra la libertad de expresión”, dice el documento.

“El problema se origina en una generalizada corrupción en las fuerzas de seguridad, el poder Judicial y el sistema político, especialmente a nivel de los estados. La complicidad entre policías y narcotraficantes es tan común que debilita la justicia y crea la percepción generalizada de que los delincuentes son quienes controlan el sistema”, señala el texto.

El gobierno de Calderón ha expresado su solidaridad con el gremio, se ven sus buenas intenciones, pero no es suficiente”, dice el funcionario en entrevista.

Las constantes agresiones a periodistas, originaron un movimiento en las redes sociales llamado Los queremos vivos. Desde ahí, se convocó a una marcha para exigir seguridad en el ejercicio periodístico.

Carlos Lauría señala que los periodistas deben asumir mucho más su papel en esta batalla por la libertad de expresión, pues también se tienen registrados casos de reporteros corruptos que deciden unirse a las filas del crimen.

“Periodistas corruptos hay en todos lados, lo grave es cuando éstos no tienen más alternativas, cuando las amenazas les impiden seguir con su trabajo”.

En estos casos, sugiere que los medios mexicanos se unan a las tácticas colombianas y se unan editorialmente “que publiquen notas sin firmar, que denuncien todos a la vez estos abusos”, sugirió.

Finalmente, alertó que México y sus periodistas viven una situación similar a la que viven los países en guerra. “Son 28 mil ejecutados, 30 periodistas muertos o desaparecidos, el Ejército en las calles, quizá no entra en la definición internacional de una guerra, pero se siente como si lo fuera”.

Publicado por CNNMéxico el 7 de septiembre de 2010.


En entrevista con CNNMéxico, Carlos Lauría, coordinador de CPJ para América, explica que las amenazas a corresponsales no son en el mismo nivel de agresión ni tan frecuentes como las que padecen los reporteros mexicanos, pero es muestra de que “no son inmunes, como ya nadie lo es frente a la violencia en México”, y de que “las condiciones para el ejercicio periodístico se han agravado, como en los países que están en guerra”.

El organismo -que monitorea ataques contra la prensa alrededor del mundo- aún no tiene cifras sobre este fenómeno y “por seguridad”, omiten los detalles de estos casos, pero saben que todo corresponsal que viaja a los estados que son un foco rojo, “corre graves riesgos aún tomando medidas de seguridad, y siempre se enfrentan a los poderos paralelos de la localidad”.

En algunos casos, incluso les recomiendan que no visiten esas entidades.

El 13 de julio de 2007, la Asociación de Corresponsales Extranjeros en México emitió una alerta a los reporteros que viajan a Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el norte de México, pues habían recibido información de que “cualquier periodista extranjero en el área podía convertirse en blanco de asesinato”, según detalla el documento de CPJ que será presentado oficialmente este miércoles.

Pero no es el único estado que ahora es marcado por el peligro que corren los periodistas. Lauría señala que no es posible decir en qué estados se corren más riesgos, lo cierto es que “el fenómeno se ha extendido en el norte en el sur, en la costa, desde Chihuahua hasta Quintana Roo, pasando por Michoacán y Guerrero; ya es un fenómeno nacional”.

La guerra por la información

Según el informe del Comité, desde que el presidente Felipe Calderón asumió el poder y anunció su “guerra contra el narcotráfico” en diciembre de 2006, 22 periodistas fueron asesinados, “al menos ocho de ellos en represalia directa por la cobertura de actividades delictivas y hechos de corrupción”.

Además, tres trabajadores de medios de comunicación también fueron asesinados, y al menos otros siete periodistas desaparecieron.

“La guerra sucede en las calles, pero también hay una guerra por el control de la información”, explica Carlos Lauría, y se refiere al caso de los cuatro periodistas secuestrados recientemente, que fueron utilizados para presionar a ciertos medios para que publicaran algunos videos.

“Nunca antes se había visto algo así y nos parece gravísimo. Los narcotraficantes ya están conscientes del poder que tiene la información y ahora quieren utilizarla a toda costa”, agregó.

El reporte se concentra en el caso de Reynosa, donde, según los testimonios que recabaron, el cártel del Golfo controla la mayor parte del gobierno municipal, desde la policía hasta la entrega de permisos para vendedores ambulantes, pero los diarios nunca hablan de eso porque el cártel también los controla.

Los reporteros saben, por ejemplo, que deben ignorar noticias sobre secuestros y extorsiones. De lo contrario, “te secuestrarán, te torturarán por horas, te matarán y te descuartizarán”, dijo un editor al Comité.

“Los narcotraficantes utilizan los medios de comunicación que controlan para desacreditar a sus rivales, exponer a los funcionarios corruptos que trabajan para los cárteles de la competencia, defenderse de las acusaciones del gobierno e influir en la opinión pública. Utilizan a los medios en forma similar a como lo hacen los partidos políticos tradicionales, salvo que ellos están dispuestos a matar para lograr sus metas”, concluyen.

Responsabilidad federal

El CPJ critica con dureza la falta de atención de las autoridades a este fenómeno y la constante corrupción, que permite un alto índice de impunidad en estos casos.

“Cuatro años después de lanzar una ofensiva nacional contra la delincuencia organizada, el gobierno federal no ha asumido su responsabilidad por los numerosos ataques contra la libertad de expresión”, dice el documento.

“El problema se origina en una generalizada corrupción en las fuerzas de seguridad, el poder Judicial y el sistema político, especialmente a nivel de los estados. La complicidad entre policías y narcotraficantes es tan común que debilita la justicia y crea la percepción generalizada de que los delincuentes son quienes controlan el sistema”, señala el texto.

El gobierno de Calderón ha expresado su solidaridad con el gremio, se ven sus buenas intenciones, pero no es suficiente”, dice el funcionario en entrevista.

Las constantes agresiones a periodistas, originaron un movimiento en las redes sociales llamado Los queremos vivos. Desde ahí, se convocó a una marcha para exigir seguridad en el ejercicio periodístico.

Carlos Lauría señala que los periodistas deben asumir mucho más su papel en esta batalla por la libertad de expresión, pues también se tienen registrados casos de reporteros corruptos que deciden unirse a las filas del crimen.

“Periodistas corruptos hay en todos lados, lo grave es cuando éstos no tienen más alternativas, cuando las amenazas les impiden seguir con su trabajo”.

En estos casos, sugiere que los medios mexicanos se unan a las tácticas colombianas y se unan editorialmente “que publiquen notas sin firmar, que denuncien todos a la vez estos abusos”, sugirió.

Finalmente, alertó que México y sus periodistas viven una situación similar a la que viven los países en guerra. “Son 28 mil ejecutados, 30 periodistas muertos o desaparecidos, el Ejército en las calles, quizá no entra en la definición internacional de una guerra, pero se siente como si lo fuera”.

Publicado por CNNMéxico el 7 de septiembre de 2010.

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