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Desaparecidos, no olvidados

México D.F., 24 de mayo de 2010 (Dario Ramírez / El Universal).- Hoy quiero escribir sobre los que no pueden hablar por ellos mismos, por aquellos periodistas cuyo paradero es desconocido. En México van demasiados, 10 hasta el momento.

Sus nombres son Jesús Mejía Lechuga, locutor de Radio MS-Noticias, desapareció el 10 de julio de 2003 en Veracruz; Alfredo Jiménez Mota, periodista del periódico El Imparcial, desapareció el 2 de abril de 2005 en Sonora; Rafael Ortiz Martínez, reportero del diario Zócalo y conductor de un noticiario radiofónico, desapareció el 8 de julio de 2006 en Monclova, Coahuila; José Antonio García Apac, director de Ecos de la Cuenca de Tepaltepec, desapareció el 20 de noviembre de 2006, en Michoacán; Rodolfo Rincón Taracena, del periódico Tabasco Hoy, desapareció el 21 de enero de 2007 en Tabasco; Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez, colaboradores de la televisora TV Azteca, desaparecieron el 10 de mayo de 2007 en Nuevo León; Mauricio Estrada Zamora, reportero y fotógrafo de La Opinión de Apatzingán, desapareció el 12 de febrero de 2008, en Michoacán; María Esther Aguilar, corresponsal del periódico Cambio de Michoacán, desapareció el 11 de noviembre de 2009 (primera mujer periodistas desaparecida); y Ramón Ángeles Zalpa, corresponsal del periódico Cambio de Michoacán, desapareció el 6 de abril de 2010. En Michoacán, tan sólo, es el cuarto en la entidad desde 2003. Pasan 24 horas, pasan los días y las autoridades aún desconocen sus paraderos. La incertidumbre e indefensión llega a sus familiares y colegas.

En todos los casos de periodistas desaparecidos las investigaciones reposan en un limbo jurídico. No se cierran las investigaciones pero tampoco se continúan con nuevas líneas de investigación. Es costumbre que los ministerios públicos traspasen la responsabilidad de aportar nuevas pruebas a familiares y colegas. Es práctica común que esto suceda por la incompetencia de las autoridades para conducir investigaciones diligentes en las que se recuperen pruebas para llegar a los culpables. Es así como las familias que sufren por la desaparición de un familiar (y a su vez periodistas) buscan desesperadamente encontrar elementos que ayuden a continuar con las investigaciones. Como si fuese su responsabilidad y no de las autoridades. La ausencia de una buena asesoría legal a las familias ha permitido que las autoridades burlen su responsabilidad y los casos sigan sin avances importantes.

El único caso en que alguna autoridad declaró haber encontrado alguna persona desaparecida, es el de la Procuraduría estatal de Tabasco que sin tener certeza científica sobre ello, declaró haber encontrado el cuerpo sin vida de Rodolfo Rincón Taracena.

Por si fuera poco lo descrito anteriormente, el marco jurídico en materia de “desaparición” es deficiente al no tipificar, en la mayoría de las legislaciones estatales, el delito de desaparición (sólo cinco legislaturas y la federal lo hacen). Esto conlleva que las averiguaciones previas se integren por los delitos de secuestro o privación ilegal de la libertad, en el mejor de los casos. Lo cual no abarca la complejidad de una desaparición y no necesariamente se ajusta a la urgencia de implementar acciones de búsqueda y localización.

El que las autoridades no respondan a las expectativas de la ciudadanía es común, nos han acostumbrado a ello. Han evidenciado que es más importante mantener el poder a cualquier costo que procurar y administrar justicia para la ciudadanía. Sería un error no reconocer, en este tiempo de elecciones estatales, que la sociedad aún guarda en el voto una gran herramienta para buscar cambiar las cosas y continuar en el camino de exigir mejores gobernantes. Lo que estaría fuera de lugar, sería claudicar ante la necesidad de buscar mejores condiciones como sociedad. Detrás de cada caso impune hay un funcionario público responsable, hay un partido político responsable, hay un Estado responsable. Frente a este panorama desolador sigue habiendo una sociedad que buscar hacer mejor las cosas. En ella debemos de seguir confiando.

Darío Ramírez es director de ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica.

Publicado en El Universal el 23 de mayo de 2010.

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