México D.F., 4 de agosto de 2010 (Darío Ramírez / Excélsior).- Celebro que hoy es común ver la indignación de la prensa sobre las agresiones de las que han sido víctima colegas de varios medios. Me parece importante revisar y ver que la indignación la compartimos la mayoría. Al mismo tiempo, debemos, en un ejercicio de autocrítica, aceptar que el deterioro en el que se ha ejercido el periodismo en México ha estado en franco quebranto desde 2006.

Año con año registrábamos un mayor número de homicidios y desapariciones de colegas periodistas, las cuales no fueron acompañadas de grandes coberturas mediáticas. En ese entonces, una de las razones era la desconfianza hacia las víctimas y el móvil detrás de la agresión. También influía la distancia histórica entre la capital y la “provincia”. Los medios nacionales pocas veces se ocupaban de las consecuencias que estaba teniendo la violencia en los colegas en los estados. A menudo los hechos eran ignorados por completo. Las señales de alarma en varias regiones del país han sido evidentes desde hace varios años. Es decir, nos deberíamos haber indignado hace tiempo.

Hoy el reconcomio de la gran mayoría de medios y periodistas parece ser diferente. Todo parecería indicar que la prensa está lista para unirse alrededor de un interés traslapado: “No más agresiones a la prensa”. Tomando esto como cierto, el siguiente paso sería definir la ruta crítica para adoptar medidas que aminoren los riesgos de continuar ejerciendo el periodismo y, de esta manera, asegurar el libre flujo informativo principalmente de la información de interés público proveniente de ciertas zonas del país en donde el periodismo de investigación ha sido prácticamente desterrado.

México no es el primer país que sufre embates serios contra la prensa. Están Colombia, Filipinas, Somalia, Irán, China y Eritrea como algunos ejemplos. Sin embargo, por su proximidad cultural y de contexto, Colombia es un referente obligado para conocer las medidas y procesos que se llevaron a cabo para contrarrestar la violencia contra la prensa. Importar esquemas sin el necesario análisis del contexto nacional es inútil, por lo que el diálogo que debemos proponer deberá enfocarse en lo que puede funcionar en un contexto como el mexicano.

El grave episodio que culminó con la liberación de los reporteros nos orilla a valorar la necesidad de promover una cultura de la prevención de futuras agresiones. Parte intrínseca a la prevención es la instalación de un mecanismo nacional de protección (en Colombia le llaman el Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales). Dicho programa debe de contar con la participación de organizaciones especializadas, periodistas y autoridades relevantes al tema; gozar de los recursos financieros y humanos necesarios; tener la capacidad para evaluar el riesgo de casos y tener los mecanismos para reaccionar de manera rápida y brindar medidas de protección. En 2008, Artículo19 le presentó a la Secretaría de Gobernación una propuesta para discutir la urgente instalación del citado mecanismo de prevención y protección para periodistas. La propuesta está diluida en los laberintos de la burocracia ineficaz, es momento de retomarla.

La responsabilidad de tener un contexto seguro para ejercer el periodismo es una tarea compartida y cada actor (medios, periodistas y el Estado), tiene que asumir cuanto antes la parte que le corresponde. Los medios deben de adoptar a la brevedad la elaboración de protocolos de seguridad para cobertura en zonas de riesgo. La adopción de protocolos de seguridad se traduce en un cambio de mentalidad al darle un lugar preponderante a la prevención y protección de los periodistas a la hora de planear y desempeñar su trabajo. Se busca identificar con antelación los posibles riesgos o amenazas potenciales, que sean atendidos cada uno de éstos a través de medidas de autoprotección y seguridad, que el círculo de seguridad (colegas, familiares y amistades) de cada periodista tenga claro qué hacer en caso de un hecho violento y que se tengan las herramientas para identificar y evaluar los riesgos que se enfrentan a diario o de manera extraordinaria.

La responsabilidad de brindar un contexto seguro para ejercer el periodismo es del Estado. No hay discusión en este punto. Hoy las instituciones gubernamentales están en deuda por su evidente falta de resultados. Debe ser un reclamo común, de todos los periodistas y medios de comunicación, el exigir que instancias creadas ex profeso para la atención de los casos de ataques a la libertad de expresión investiguen diligentemente y así se combata la impunidad en la que están 99% de los casos de homicidio y desaparición. La impunidad, al final, es una señal de aliento para los perpetradores.

Solamente a través de asumir nuestras responsabilidades podremos hacerle frente a la censura provocada por la violencia. Es a través de un diálogo activo que concluya en medidas tangibles como podremos proteger a los periodistas de nuestro país. Sola y dispersa, como está la prensa ahora, seguirá siendo presa fácil. La urgencia nos ha alcanzado, abramos paso a las acciones.

* Director para la Oficina de México y Centroamérica de Artículo 19

Publicada en Excélsior el 3 de agosto de 2010

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