CDHDF ha recibido 35 quejas por agresiones contra periodistas
- Alerta sobre la indefensión laboral de los comunicadores
- Dice que instancias del Estado no han contenido la situación de impunidad
Foto: Nelly Salas
México D.F., 29 de abril de 2009 (Milenio).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, alertó sobre la desprotección laboral de los profesionales de la comunicación y el recrudecimiento de las acciones en su contra.
Precisó que en los últimos dos años, el organismo a su cargo ha recibido 35 quejas sobre agresiones contra periodistas, de las cuales 14 se presentaron en 2007; 18, en 2008, y en lo que va de este año se han registrado otros tres casos.
En compañía del relator especial de libertad de expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue Lewy, y la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, el ombudsman capitalino calificó de graves las amenazas que viven los comunicadores y los defensores de derechos humanos.
Aunado a lo anterior, dijo que las instancias del Estado no han contenido esta situación por la impunidad.
Incluso, aseguró que existe opacidad y discrecionalidad en el marco legal para la asignación de frecuencias, así como la utilización de recursos públicos para apoyar a medios cercanos a las líneas oficiales y debilitar los espacios críticos.
Al participar en el panel perspectivas de la libertad de expresión, Botero destacó la necesidad de proteger a los periodistas del crimen organizado y de luchar contra la impunidad histórica de los crímenes contra personas que han pensado distinto o que han sido disidentes.
Alertó sobre el uso del Derecho Penal para inhibir la expresión, como castigos por injuria y calumnia, así como aquellos instrumentos que son una especie de censura sutil y que sirven para silenciar, entre los que destacan el uso de la publicidad oficial para financiar a los medios “amigos” y castigar a los críticos, y el uso de facultades de fiscalización de organizaciones o de medios.
En tanto, Frank La Rue, aseveró que ningún servidor público puede estar por encima de la crítica de un pueblo.
“No hay funcionario, desde el más alto nivel a los de más bajo: desde la Presidencia, hasta la Corte, el Congreso, ninguno puede usar mecanismos legales penales para protegerse de la crítica. En ese sentido estamos planteando la abolición del delito de desacato y aún más, el delito de difamación en cuanto al ejercicio de la labor pública de un funcionario, no importa que tan dura sea la crítica o sarcástica”, dijo.
