México D.F., 24 de abril de 2009 (ARTICLE19).-La violencia hacia los y las periodistas no cesa. El número de casos en 2009 indican que la tendencia apunta al crecimiento exponencial de incidentes que vulneran la libertad de expresión en México. La autocensura como medida de autoprotección es cada vez más común y es resultado de la falta de acciones claras por parte del Estado para asegurar un contexto propicio para ejercer la libertad de prensa. El crimen organizado, pero sobre todo agentes del estado, continúan siendo las principales amenazas al derecho.

Durante febrero de 2009, México fue severamente cuestionado durante la Revisión Periódica Universal al que fue sometido por los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entre los temas que fueron planteados por las diferentes Delegaciones destacó lo referente a las agresiones contra periodistas, comunicadores y comunicadoras; así como la impunidad que impera en la mayoría de los casos. De igual forma, Misiones Internacionales y  organizaciones nacionales han criticado severamente el silencio y la falta de acción por parte de las autoridades responsables para llevar a cabo investigaciones diligentes y asegurar el derecho de no repetición y de reparación del daño.

El Estado mexicano tiene la obligación de “prevenir, investigar y sancionar” toda violación a los derechos humanos que tenga lugar bajo su jurisdicción.[1] En concordancia con el espíritu de la Declaración y Programa de Viena[2], las organizaciones tanto nacionales como internacionales han expresado su interés en coadyuvar en la adopción de medidas preventivas para atender una de las asignaturas pendientes de la agenda de derechos humanos del país.

Por lo anterior ARTICLE 19, recogió las ideas expresadas por diversas organizaciones y organismos para la elaborar una propuesta concreta, la cual  entregó a la Secretaría de Gobernación, y Secretaría de Seguridad Pública, en el documento titulado “Propuesta de Trabajo para la instalación del Comité de Protección de Periodistas en México“, el cual busca atender la urgente necesidad de contar con una política de prevención en materia de agresión a periodistas. A pesar de ser uno de los países más peligros para ejercer el periodismo en América Latina, el Estado mexicano continúa violando obligaciones internacionales de asegurar el goce de los derechos humanos.

La propuesta entregada al gobierno federal señala la necesidad de buscar la cooperación internacional sobre las mejores prácticas en materia de prevención. Bajo esta lógica, el documento destaca la amplia experiencia que tiene el estado de Colombia a través  del Programa de Protección a Periodistas del Ministerio del Interior.

El proyecto presentado contempla  una ruta divida en dos etapas. La primera de diálogo y reflexión sobre la viabilidad de tener un Comité eficaz para proteger a quienes ejercen el periodismo; la segunda, sobre las características del Comité. Para iniciar la primera etapa, se planta las siguientes características:

• - Realizar una amplia convocatoria dirigida a la totalidad de los sectores interesados: Gobierno, periodistas y trabajadores y trabajadoras de la comunicación, sociedad civil organizada y la academia.
• - Facilitar un espacio de diálogo y discusión plural, incluyente y transparente
• - Contar con los suficientes económicos, humanos y políticos para asegurar una amplia participación en el proceso de consulta y puesta en marcha del Comité.
• - Asegurar una amplia participación de los medios de comunicación: comerciales, comunitarios, independientes, públicos, universitarios, indígenas y electrónicos.
• - Inclusión a la comunidad internacional, tales como organizaciones internacionales y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para participar de manera activa en el proceso.

La segunda etapa plantea la naturaleza y características con las que debe contar el Comité:

• - Gozar de autonomía técnica y de gestión.
• - Contar con las facultades y presupuesto necesario para ofrecer medidas efectivas y expeditas de protección.
• - Establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre las distintas instituciones de la administración pública federal y estatal.
• - Garantizar la participación permanente y activa de la sociedad civil en los procesos de determinación de los casos.
• - Detallar reglas de operación claras, transparentes y con el espectro de protección más amplio posible.
• - Disponer de las capacidades y recursos materiales y humanos necesarios para realizar evaluaciones de riesgo oportunas, objetivas y precisas.
• - Establecer mecanismos de difusión proactiva de información sobre los trabajos y determinaciones del Comité, de acuerdo a los estándares internacionales y constitucionales en la materia.
• - Instrumentar de manera transversal las perspectivas étnicas y de género tanto la determinación de los casos como en la implementación de las medidas de protección dictadas.

ARTICLE 19 hace un llamado al gobierno federal para que, de acuerdo  con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, asuma una posición clara y activa  en la  prevención de  las recurrentes violaciones a la libertad de expresión que tienen lugar en el territorio mexicano. Su inacción y silencio alimentan la impunidad y dan el mensaje equivocado a los perpetradores.

Por ello, hacemos un respetuoso llamado al C. Presidente, Lic. Felipe Calderón, para que gire las instrucciones necesaria  para asegurar los recursos financieros para llevar acabo este importante proceso. Solo con políticas públicas efectivas, el Estado podrá asegurarse que el número de violaciones y víctimas serán cada vez menores en México.

[2] Declaración y Programa de Viena, A/CONF.157/23, 25 de junio de 1993. Art. 13.

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