México D.F., 17 de enero de 2008 (Cencos).- El gobierno de Guanajuato rechazó la recomendación 70/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se acreditó que el secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda Martínez, afectó el derecho a la libertad de expresión, al honor y a la legalidad e incurrió en actos de intimidación, amenazas e injurias, en agravio de los directores de los diarios de la entidad am y correo, Enrique Gómez Orozco y Arnoldo Cuéllar Ornelas.

De esta forma, el gobierno del estado que encabeza Juan Manuel Oliva Ramírez “evidencia una falta de compromiso para sancionar las agresiones verbales contra estas personas, lo que puede generar riesgos al ejercicio de la libre expresión y al derecho a la información, al incentivar actos inhibitorios contra los periodistas”, advierte la CNDH.

La CNDH solicitó en diciembre a ese gobierno ofrecer una disculpa pública inequívoca a los agraviados y suscribir una disculpa privada clara y explícita en el mismo sentido, a lo que el gobierno estatal respondió en un oficio que “…no existe, ni ha existido acción deliberada que tienda a afectar la libertad de expresión o el honor, imagen y prestigio de persona alguna”.

La recomendación 70/2007 acredita la violación a las garantías constitucionales y derechos humanos de periodistas del estado por parte del secretario de Gobierno Mosqueda Martínez, quién el 11 de mayo de 2007 pronunció en Silao, municipio de Guanajuato, un discurso en el que la mayor parte se refirió de forma denostativa, injuriosa y difamatoria en contra de los directores de los matutinos correo y am tanto hacia sus personas como a la forma de conducir los diarios, manifestaciones que les generaron desprestigio y daño en su honor, al descalificarlos, imputarles delitos falsos, injuriarlos y difamarlos, circunstancia por la que solicitaron la intervención de la Comisión Nacional, sostiene la CNDH.

Al encontrar fundada la queja de los periodistas, la CNDH estipuló que el gobierno del estado debía ofrecer una disculpa pública inequívoca para los afectados. Cabe destacar que Mosqueda Martínez intentó cumplir un primer llamado de la CNDH el 21 de julio de 2007 en un acto público en el que no mencionó en su discurso a los agraviados, y que la CNDH en su recomendación consideró que la afectación de los derechos humanos de los quejosos a la legalidad, a la libertad de expresión y al honor no fueron restituidos.

Asimismo en su recomendación advertía que el hecho “podría constituir responsabilidad administrativa al dejar de observar las obligaciones previstas en los artículos 2 y 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del estado de Guanajuato y sus Municipios”, que son, entre otras, las de conducirse con legalidad, honradez, lealtad, transparencia, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus empleos, cargos, o comisiones, así como tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga relación en el desempeño de éste, además de abstenerse de cualquier acto que implique abuso o ejercicio indebido de un cargo.

El Centro Nacional de Comunicación lamenta la decisión tomada por el gobierno del estado de Guanajuato de no aceptar la recomendación de la CNDH, ya que sienta un precedente negativo para los comunicadores del estado y del país, en el que se demuestra que los funcionarios públicos pueden faltar a sus responsabilidades con la libertad de expresión, elemento fundamental para la democracia.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

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