México D.F., 1 de julio de 2009 (Arturo Rodríguez García / apro).- Luego de la orden de aprehensión girada contra Héctor Camero Haro, como presunto responsable de la operación ilegal de una radio comunitaria, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) acusó al gobierno federal de “perseguir y criminalizar” a los trabajadores de esas empresas.

El pasado 12 de junio, el juez quinto en materia penal en Nuevo León libró la orden de aprehensión contra Camero Haro, luego de un año del proceso judicial y del desmantelamiento de Radio Tierra y Libertad, el 6 de junio de 2008.

Al respecto, la AMARC y Radio Tierra y Libertad afirmaron que la eventual detención de Camero Haro constituye una violación a la libertad de expresión.

Según la AMARC, el presidente Felipe Calderón ha emprendido una feroz persecución contra las radios comunitarias, con la ayuda de la policía federal y el Ejército.

En mayo pasado, la revista Proceso (1701) publicó un reportaje titulado “El gobierno penaliza la información”, en el que exhibió los problemas que enfrentan las radios comunitarias en el país, acusadas de transmitir de manera ilegal.

En ese reportaje figuraban las quejas de la AMARC, en el sentido de que el gobierno ha impedido que se entreguen los permisos, ya que está beneficiando a los medios comerciales, según Carlos Aparicio Gómez, presidente del Capítulo México de esa organización.

En esa entrevista, Aparicio aseguró que perseguir a los activistas era la novedad del gobierno de Calderón, al referirse al caso de Tierra y Libertad.

Aparicio también se refirió al caso de las indígenas triquis asesinadas el 7 de abril de 2008.

“Pero las agresiones no sólo han sido contra las triques. Lo hemos visto en Radio Zaachila, Radio Nandía y Radio Calenda, todas en Oaxaca, con disparos, amenazas y torturas, por atreverse a transmitir una realidad que los medios convencionales no se atreven y a donde no llega la radio comercial”, afirmó.

Por su parte, Camero Haro, médico de profesión, tramitó un amparo para, en caso de ser detenido, enfrentar el proceso en libertad.

“Pensamos que se trata de una doble intención por parte de la Secretaría de Gobernación, que nos acusa de violar la Ley General de Bienes Nacionales: por un lado, amenazarnos con un proceso judicial y, por otro, evitar que continuemos en la lucha por el permiso para transmitir legalmente”, añadió.

MONTERREY, N.L., 29 de junio

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